En la SCJN no me perdonaron, me exoneraron, afirma Gómez Urrutia

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Agencias
Tras su fallido intento por evitar que la PGR controlara sus visitas y llamadas telefónicas, Gordillo sostiene que sus derechos humanos han sido violados y que la resolución del Juez es un acto de persecución política.
Ciudad de México, 21 de febrero.- El abogado de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria, anunció que su clienta ha emitido dos quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde señala a las autoridades mexicanas por supuestas violaciones a sus derechos.
Las reclamaciones han sido interpuestas luego de que el Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México negó la suspensión solicitada por la maestra de la orden emitida por un Juez Federal de controlar sus comunicaciones y visitas.
La orden de imponer un régimen más restringido a los visitantes de Gordillo se dio después de que la Procuraduría General de la República (PGR) advirtiera de numerosos conocidos que ingresan a su domicilio mientras cumple su condena, y que la ex dirigente del SNTE había convertido su domicilio en una “oficina de despacho”.
La defensa solicitó la suspensión luego de que el Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales permitiera a la PGR incrementar el control y vigilancia de sus comunicaciones mientras se encontrara cumpliendo su sentencia, y diera un plazo de 24 horas para que Gordillo proporcionara nombre, identificación oficial y comprobante de domicilio de sus visitantes..
Los abogados de la ex sindicalista consideran esta resolución como un ataque directo a su intimidad y privacidad, a la la inviolabilidad de su domicilio y a sus comunicaciones privadas.
“Es una invasión a la vida privada, es un ataque al derecho a la intimidad, un ataque también a la privacidad de un domicilio. Puesto que la prisión domiciliaria es un espacio en donde no se debe salir mientras esté en proceso. No es un espacio donde se debe tener un control de llamadas, de correos electrónicos”, afirmó a El Universal.
El abogado agregó que la orden no corresponde a “medidas de seguridad para vigilar la permanencia de la maestra en su domicilio, se trata de medidas de control absolutamente arbitrarias y vejatorias de sus derechos fundamentales”.
Tras imponer su queja, la maestra sostiene su posición de inocencia y asegura que estas acciones son prácticas de persecución política.

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