ERA promovió la fallida reforma electoral en Chiapas

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El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 9 de enero (El Estado).- El diputado Eduardo Ramírez Aguilar, actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, fue el gran promotor de la fallida reforma electoral que fue echada abajo este lunes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Cabe destacar que en un video difundido por el legislador chiapaneco a finales del mes de septiembre de 2016, refirió que el 7 de septiembre el estado de Chiapas vivió uno de los momentos más trágicos de su historia, que fue el terremoto de magnitud 8.2 cuyo epicentro se registró en el municipio de Pijijiapan, el cual dañó aproximadamente 50,000 viviendas de manera dispersa en la entidad.
“Es por ello, que ante el sentir ciudadano, he presentado una iniciativa que será el cero financiamiento a los partidos políticos. Y para el año 2018, es decir las campañas electorales, todos aquellos ciudadanos que aspiren a representarnos desde el cargo de regidor, síndico, presidente municipal, diputados o diputadas, gobernador o gobernadora, lo hagan con sus propios recursos”, subrayó.
Argumentó que el dinero sea destinado exclusivamente para la reconstrucción de todas las viviendas dañadas.
“No habrá dinero del pueblo para campañas en Chiapas, esto es una reforma al Código de Elecciones y estoy completamente seguro que mis compañeros de las diferentes fracciones parlamentarias apoyarán de manera decidida”, concluyó Ramírez Aguilar.
Dicha iniciativa, por la que se reforma el artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, la cual permitirá eliminar el financiamiento público de los Partidos Políticos locales, cuando se susciten eventos catastróficos originados en el territorio estatal y sus municipios, fue votada y aprobada por la LXVI Legislatura del Congreso del estado de Chiapas.
Sin embargo, este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó dicha reforma mediante una acción de inconstitucionalidad, debido a que no se pueden reformar las leyes estatales en la materia 90 días antes del inicio del proceso electoral.
Además, el financiamiento público de los partidos políticos es un derecho con el que cuentan los institutos.

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