Es un hecho que, en México, al amparo de la corrupción que impera

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Es un hecho que, en México, al amparo de la corrupción que impera en diferentes sectores de la sociedad y el gobierno, se desarrollan una serie de acciones que pasan por alto la seguridad de la sociedad, y en Chiapas no es la excepción, tal es el caso de la mayoría de las tortillerías que afanan en las diferentes colonias de todos los municipios de la entidad.

En días pasados, se dio a conocer por parte de los industriales de la Tortilla, que en el estado ha crecido el número de tortillerías denominadas “piratas”, es decir que operan de forma irregular, sin los permisos ni las supervisiones necesarias para dicha actividad.

Específicamente, José Ramón Salazar Ballinas, líder de la organización “Somos Chiapas”, señaló que este crecimiento irregular, fue del 90 por ciento en los últimos años, hecho que provoca graves problemas de salud y seguridad.

Sólo basta ver la cantidad, cada vez más creciente de distribuidores de tortillas que operan en las calles del estado, a bordo de motocicletas, sin que el consumidor sepa el origen, forma y preparación de dicho comestible, además de no conocer, si los insumos que se usan para este fin son los adecuados.

La UNAM dio a conocer a finales del 2017, según una publicación en el medio de comunicación “Proceso”, que el 90.4% de la tortilla que se consume en el país, es producto de maíz transgénico, lo mismo que 82% de las tostadas, harinas, cereales y botanas de este grano, según un estudio encabezado por Elena Álvarez-Buylla Roces, del Instituto de Ecología (IE) y el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la máxima casa de estudios.

Lo anterior, debido a la falta de regulación en la producción de este comestible básico de la dieta mexicana.

Cabe hacer un llamado a las autoridades en Chiapas, que intervienen en la supervisión de la efectiva operación de las tortillerías, como Protección Civil, la Secretaría de Salud, la Profeco, por citar algunas, a que realicen acciones que permitan erradicar los malos ejercicios de establecimientos no regulados, los que se convierten en bombas de tiempo en materia de seguridad, pero, sobre todo, en lo que compete a la salud.

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