Gobierno incumple obligación de garantizar los derechos humanos

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Enrique Vázquez Palacios

Representantes de desplazados de varias comunidades de los municipios de Chenalhó, Zinacantán, Ocosingo, entre otros, dieron a conocer que el estado mexicano no ha cumplido con su obligación internacional de garantizar sus derechos humanos que se traducen en necesidades básicas como el derecho a la educación, salud y alimentación de niñas, niños, jóvenes y adultos.
Durante una conferencia de prensa, Diego Cadenas, presidente del Centro de Derechos Humanos Ku’Untik, resaltó que en el caso del ejido Puebla, son 254 personas indígenas Tzotziles, de los cuales 65 son mujeres, 61 hombres, 22 adolescentes hombres y 22 mujeres; así como 48 niñas y 42 niños, y 4 recién nacidos.
Sobre el desplazamiento, los representantes comunitarios han señalado que “fuimos desplazados por no querer votar por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y por haber sido disidentes del gobierno de la presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez.
Allí, los representantes de personas desplazadas de varios municipios del estado de Chiapas, entre los que destacan Chenalhó, Zinacantán, Ocosingo, Huixtla, entre otros; dieron a conocer que a partir de esta fecha, decidieron conformar una agrupación que denominaron Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas, que junto con el Centro de Derechos Humanos Ku´untik, buscarán conseguir la restitución de sus derechos que han sido violentados, así como retornar a sus respectivas comunidades de origen y buscar acciones concretas para que en el futuro no hayan más desplazamientos forzados en la entidad.
Los representantes de los desplazados, indicaron que por el momento, la Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas estará integrada por un total de 444 personas, de las cuales 128 son mujeres y 207 son niñas, niños y adolescentes, y que “próximamente anunciaremos las actividades y las acciones de lucha que vamos a desarrollar con el fin de exigir a este gobierno y al que venga, la restitución de nuestros derechos violados y el retorno a nuestras comunidades de origen”.
Por último, indicaron que es de suma importancia que el gobierno del Estado mexicano sancione con cárcel a quienes ejercen agresiones con el fin de desplazar a la población, pero también es necesario que exista una ley efectiva para prevenir el desplazamiento forzado.
“Sabemos que existe la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, pero también sabemos que esta ley evidentemente no se cumple”, concluyeron.
Cabe señalar que en días anteriores, los representantes de personas desplazadas del Ejido Puebla, del municipio de Chenalhó; Shulvó, de Zinacantán; ejidos Tenango y Cintalapa de Ocosingo; así como del municipio de Huixtla, se reunieron para compartir experiencias y acordar un camino común, lo cual quedó de manifiesto al conformar la Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas.

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