La puñalada del Congreso mexicano a los derechos humanos

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SALTILLO, COAHUILA, 24ENERO2013.- En México, uno de los problemas visuales que aqueja a las personas es el problema de cataratas el cual es causa de ceguera. Para disminuir este problema en el Estado de Coahuila se realizan cirugías de manera gratuita para combatir este problema. El día de hoy se reinició el Programa Operación Milagro de manera simultánea donde se operaron de cataratas a aproximadamente a 43 personas en todo el estado. Desde el 2007 han sido más de 8 mil personas las beneficiadas. FOTO: KARLA ITZEL RUIZ /CUARTOSCURO.COM

Agencias

El Senado mexicano aprobó una reforma a la Ley General de Salud, mediante la cual se adicionó el Artículo 10 Bis, que a la letra dice, según lo publicado en la Gaceta del Senado del día 22 de marzo de este 2018:
“El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. El ejercicio de objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral”.
Para quienes no son expertos en materia de derechos humanos, la redacción parece inofensiva y, en general, hasta loable: ¿quién podría oponerse a respetar las ideas y la pluralidad de visiones?
Hay, sin embargo, una trampa en ese planteamiento y un defecto de origen en la fundamentación presentada para aprobar dicha reforma que no fueron considerados -de forma irresponsable, hay que decirlo- por los partidos políticos y, en particular, por las y los legisladores que aprobaron tal aberración.
Habría que empezar por tanto con el defecto de origen. Quienes propusieron la iniciativa, y quienes la aprobaron, asumen que las personas tenemos, todos y en todos los casos, el derecho a objetar, con base en nuestros principios, creencias y valores, el desarrollo de responsabilidades que son asignadas desde el Estado o desde el mundo laboral, en el ejercicio de nuestras profesiones.
Lo que no se consideró en el Congreso al aprobar este nuevo esperpento jurídico, es que en este caso no se trata de un debate entre particulares, sino de una responsabilidad del Estado.
En sentido estricto tienen razón; sin embargo, es necesario plantear el origen histórico de este argumento: se trata de una prerrogativa que se planteó fundamentalmente en contra del otro pesado argumento de la “razón de Estado”, la cual, argumentan sus defensores, puede ponerse por arriba de los derechos de los individuos.
Así, por ejemplo, si en mi sistema de creencias, matar a otro ser humano implica una grave carga ética y moral, no puedo, por objeción, ir a una guerra. Ahí aplicaría a la perfección, por ejemplo, el principio socrático de que vale más sufrir una injusticia que cometerla.
Cosa muy distinta ocurre cuando lo que está en juego es la garantía de un derecho humano de otra persona. Por definición, nadie, en un sentido absoluto, puede atentar o pretender restringir, limitar o dificultar el cumplimiento de los derechos humanos.
de servicios de salud en nuestro país.
Por eso es absurdo alegar a favor de la objeción de conciencia, el derecho humano a la igualdad y la no discriminación, consagrado en el artículo 1º constitucional. Y por ello es insostenible la pretendida “salvaguarda” relativa a que en casos en que se encuentre en peligro la vida de una persona no es posible ejercer la objeción de conciencia.
Pongamos un ejemplo: cuando un médico o enfermera alegan objeción de conciencia para no participar en el derecho humano de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, están partiendo de un conjunto de prejuicios, estereotipos y actitudes discriminatorias. Es así por lo siguiente:
No hay, hasta ahora, ningún estudio científico avalado por ninguna universidad prestigiosa, y menos aún por organismos como la Organización Mundial de la Salud, que acredite que la interrupción voluntaria del embarazo pueda ser asimilada al homicidio.
Quien busca apegarse a la objeción de conciencia en este caso asume también, de manera estereotipada y prejuiciada, que las mujeres, en todos los casos, una vez que se embarazan, están obligadas a cumplir con su “rol” y hasta “obligación reproductora”.
Considerar que una mujer que interrumpe el embarazo es “pecadora”, “inmoral o hasta “asesina” implica asumir una actitud de discriminación, porque en el código ético de esta mujer no hay una restricción moral para haber tomado la decisión que tomó. Es decir, en la defensa de la supuesta “libertad de creencia” del o la doctora o personal de salud, se atenta en contra de la libertad de creencia de alguien más.
Desde esta perspectiva, lo que no se consideró en el Congreso al aprobar este nuevo esperpento jurídico, es que en este caso no se trata de un debate entre particulares, sino de una responsabilidad del Estado, tal y como lo establece, nuevamente, el artículo 1º constitucional, en su segundo párrafo:
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Como puede verse, es mucho más que un derecho específico lo que puede estar en juego. En realidad, con la reforma que aprobaron, las y los legisladores abrieron la posibilidad a una oleada de eventos discriminatorios, legitimados desde el Estado a través de su aparato jurídico, que pueden resultar atentatorios de la dignidad humana, la cual es uno de los bienes jurídicos “indisponibles”, como se le denomina en el lenguaje del Derecho.
Para dimensionar la gravedad de lo que se habla, basta con plantear el siguiente caso hipotético: un médico con una ideología fascista, tal y como quedó redactado el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, podría alegar objeción de conciencia para no otorgarle servicios de salud básicos a una persona afrodescendiente o indígena, sin tener por ello repercusiones laborales.
El Congreso abrió una enorme puerta a la intolerancia religiosa e ideológica en la prestación de servicios de salud en nuestro país. Por ello es urgente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México actúen en consecuencia con su mandato e interpongan un recurso de inconstitucionalidad.
Lo que hizo el ala conservadora del Congreso fue, simple y llanamente, darle a los derechos humanos y a la Constitución una puñalada por la espalda.

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