Ley de amnistía debe ser para indígenas

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Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, debe incluir en la Ley de Amnistía a los indígenas y campesinos, que están presos en cárceles y quienes en su mayoría reportan procedimientos judiciales irregulares, solo porque se consideran enemigos del gobierno.
Javier Eduardo López Macías, presidente de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, detalló que en la mayor parte de estos casos están vinculados al fuero federal y se concentran no solo en Chiapas sino también en los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz.
Por ello, instó al próximo Jefe de la Nación a incluir de inmediato en esta Ley de Amnistía a los indígenas presos y garantizarles la asistencia de traductores de lenguas como el Maya, Tzeltal y Tzotzil, a fin de frenar la violación de sus derechos humanos y procesales.
Consideró que si el crimen organizado puede estar incluido en esta estrategia de gobierno bien pueden entrar todos aquellos indígenas que han carecido de asistencia, intérpretes y defensores capacitados para llevar a cabo eficientes procesos judiciales.
López Macías expuso que en las cárceles federales hay indígenas presos por robar un pan hasta por defender sus territorios de los actuales megaproyectos derivados de la Reforma Energética, de tal suerte que, de acuerdo a datos oficiales de la Cámara de Diputados, en México existen cerca de 7 mil indígenas y en el 80% de los casos se violó el debido proceso.
Asimismo, se reportan deficiencias en el trabajo de los ministerios públicos y jueces e incluso se argumenta que el seguimiento de estos casos, donde los indígenas no cuentan con un traductor, genera cargas de trabajo y aplicación de presupuesto para darle seguimiento.
Igualmente exhortó tanto a la Presidencia de la República entrante como al Consejo de la Judicatura Federal y a la Procuraduría General de la República a considerar, para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, una partida presupuestal que garantice el derecho de los indígenas, bajo cualquier proceso judicial, ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y de su cultura.

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