Los niveles de violencia obligan a recurrir a fuerzas armadas: Campa

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Agencias

Aunque no es la realidad deseada, la presencia de las fuerzas armadas en muchas regiones del país es absolutamente indispensable para contrarrestar los altos niveles de violencia e inseguridad generados por el crimen organizado, de ahí la importancia de contar con la ley de seguridad interior, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
Al preguntarle sobre el tema luego de la presentación de los avances de una campaña contra la trata de personas, indicó que aunque es una minuta pequeña, de 34 artículos, muchas de las personas que han opinado no han leído ni siquiera el primero. Sería conveniente para todos quienes tienen inquietud y preocupación sobre esta ley, que le dedicaran una hora; en ese tiempo puede fácilmente leerse, reflexionar y meditar sobre cada uno de estos artículos.
Consideró que el reto que hoy enfrenta el país, y que se debate en el Senado –donde se revisa la minuta– es hacer compatible la presencia de las fuerzas armadas en muchas regiones de México, con la necesidad de fortalecer a las instancias civiles de prevención y persecución de los delitos, y el pleno respeto a los derechos humanos.
Muchas veces, dijo, no se magnifica el tamaño del problema que se tiene por la inseguridad y la violencia ocasionada por las bandas del crimen organizado. Pidió, por ejemplo, recordar las cifras de homicidios dolosos de los meses recientes, aunque no las mencionó. Hay que señalar que Gobernación dio a conocer hace unas semanas que 2017 podría ser el año más letal, pues tan sólo en octubre sumaron 2 mil 371 homicidios dolosos, convirtiéndose en el mes más violento no sólo del sexenio, sino de las dos décadas recientes.
Roberto Campa, subsecretario de GobernaciónFoto José Antonio López
Ligado a ello, el subsecretario comparó la tasa de homicidios entre el actual y el anterior sexenio. La administración de Felipe Calderón, dijo, recibió el país con alrededor de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes y lo cerró con 22 por cada 100 mil. El gobierno de Enrique Peña Nieto recibó esas tasas, pero pudo reducirlo a 17 por cada 100 mil en los primeros años, y cerrará con 22 por cada 100 mil. Vamos a cerrar más o menos con las mismas cifras que se recibió.
Otros tres elementos por los que se pronunció en favor de que se regule la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad son: porque para las bandas de traficantes la cercanía de nuestro país con el principal consumidor de estupefacientes respresenta un lucrativo negocio, pues a lo largo de 3 mil kilómetros de frontera del lado de Estados Unidos hay al menos 9 mil tiendas de armas donde se puede comprar cualquier cosa (lo que aprovechan los criminales) y porque se ha descuidado el desarrollo, protección y oportunidades para la juventud, que pueden enrolarse con el crimen.
En este entorno tenemos que actuar, reconocer la necesidad de la presencia de las fuerzas federales en algunas regiones. Son la única forma de enfrentar a esta delincuencia armada y empoderada. ¿Qué es mejor? ¿Tener una situación legal apoyada apenas en una jurisprudencia, donde prácticamente cualquier decisión es discrecional, o conviene más tener un marco legal que defina cuándo, cómo y hasta cuándo, por cuánto tiempo deben de tener presencia las fuerzas armadas? Desde mi particular punto de vista, es mucho más conveniente hacerlo con la ley en la mano.

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