México fue en 2017 el tercer país más mortífero para defensores de DH en el mundo, dice Informe

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Agencias

México se colocó en el tercer lugar entre los países con más defensores de los derechos humanos durante 2017, con 31 homicidios, sólo superado por Colombia, con 91 asesinatos, y Filipinas, con 60, revela el informe de la organización internacional Front Line Defenders.
“En todo el mundo, los y las defensoras continúan diciéndonos que la policía y los funcionarios del Gobierno se niegan a responder a las solicitudes de protección tras las amenazas de muerte”, dijo Andrew Anderson, director ejecutivo de la ONG con sede en Dublín, Irlanda.
“Los homicidios casi siempre ocurren después de una serie o patrón de amenazas, lo que indica que si la policía tomase medidas preventivas y las autoridades tomasen en serio las amenazas contra los/as defensores/as, los asesinatos podrían reducirse drásticamente”, acusó Anderson.
México se colocó en el tercer lugar entre los cuatro países más mortíferos contra defensores de derechos humanos en el mundo durante el año pasado, con 31 homicidios. Se trata de una lista roja que concentra el 80 por ciento del total de los homicidios en el mundo, y que lidera Colombia, con 91 asesinatos; seguida de Filipinas, con 60, y Brasil, con 27 homicidios, consignó el Informe Anual sobre Defensores de Derechos Humanos en Riesgo 2017, realizado por la organización internacional Front Line Defenders.
El Informe, dedicado a los 312 defensores asesinados en 27 países del mundo durante 2017, fue revelado por esta organización –fundada en Dublín, Irlanda, en 2001, con el objetivo específico de proteger a defensores en riesgo y personas que trabajan de forma no violenta por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos– apenas días antes de que el 18 de enero pasado, en México, fuera asesinada Guadalupe Campanur Tapia, activista de 32 años, defensora de los bosques y el territorio comunal de Cherán, Michoacán.
La joven era integrante activa en la lucha por la seguridad, la justicia y la restitución de ese territorio comunal purépecha desde el inicio del movimiento que en 2007 inició la expulsión de talamontes, narcotraficantes y políticos de sus tierras para establecer, en 2011, el sistema de usos y costumbres para resolver, de manera colectiva, todo lo relacionado con las operaciones económicas y sociales de la comunidad.
Ni el Gobierno de Michoacán, que preside el perredista Silvano Aureoles Conejo, ni el Gobierno de la República, que encabeza Enrique Peña Nieto, se pronunciaron sobre el asesinato de Lupita Campanur.

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