ONG de Chiapas se une a rechazo de Honoris Causa para Cienfuegos

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Agencias

Ciudad de México. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chiapas (CDHMCH) rechazó rotundamente que que el Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) haya aprobado otorgar el doctorado honoris causa de esa casa de estudios al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda.
“Tal decisión es un mensaje claro de desprecio para las miles de víctimas en este país que han padecido los costos de la violencia institucionalizada, una afrenta para las organizaciones de derechos humanos que tenemos documentados los saldos trágicos por la actuación del Ejército mexicano en labores de seguridad ciudadana y un claro mensaje de avalar el escenario de guerra que un personaje como Cienfuegos, que en este sexenio ha defendido de manera perversa presionando al presidente de la República (Enrique Peña Nieto) y al Congreso de la Unión para que se aprobara la ley de seguridad interior (LSI), otorgando de facto un poder desmedido similar al que hemos visto en las dictaduras militares en América Latina”.
A través de un pronunciamiento difundido esta tarde, esta organización civil convocó a la comunidad académica y estudiantil de México, y en particular de Chiapas, a exigir al rector de la institución chiapaneca, Rodolfo Calvo Fonseca, no entregar dicho grado al general Cienfuegos “pana no avalar la cómplice suspensión de facto de la autonomía universitaria, tal como acordó la corta mirada de la gran mayoría del CU con tan deleznable decisión”.
Recordó a aun cuando gran parte de la comunidad de la UNICACH, en particular del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, expuso claramente que el perfil del secretario de la Defensa “carece de todo sustento para hacerse acreedor al mérito académico ya que vulnera la autonomía universitaria y, lo que es de una gravedad excepcional, legitima la actuación del poder militar y su particular posición sobre el territorio nacional y, en particular, sobre Chiapas”.
El CU avaló, en sesión extraordinaria, con 20 votos a favor, ocho en contra y una abstención, otorgar el doctorado honoris causa en respuesta a la propuesta que inicialmente hizo Oscar Cruz Pérez, director de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Unicach, en su calidad de presidente del Consejo Académico.
“Como Centro de Derechos de la Mujer nos preocupa que la universidad pública abone a la desmemoria histórica de los innumerables agravios que las fuerzas armadas han cometido en contra de la población en Chiapas; particularmente en los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado interno y la creación de grupos paramilitares en la zona Altos y Norte, tal como se indica en los planes militares de contrainsurgencia Plan de Campaña Chiapas 94 y Plan Chiapas 2000, cuyos trágicos saldos actualmente se encuentran en proceso de resolución ante instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
La organización civil se sumó a la indignación y protesta de Mercedes Olivera Bustamante, fundadora y socia de esa misma instancia, quien renunció al doctorado honoris causa que le fue otorgado por la casa de estudios en marzo del 2012. “Entre sus razones dijo que lo hizo por congruencia pues no puede tener un título que tendrá también un militar que viola los derechos humanos de los mexicanos e indígenas”.
El CDHMCH remarcó que en varias ocasiones ha documentado la participación de elementos del Ejército mexicano en violaciones a las garantías fundamentales, como el caso de las hermanas tzeltzales Ana, Beatriz y Celia González Pérez “privadas de su libertad en un retén militar, el 4 de junio de 1994, en Altamirano, Chiapas, y trasladadas al cuartel militar para forzarlas a declarar su pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, perpetrando tortura sexual” en su contra.
La ong tampoco dejó de lado el caso de las 34 mujeres asesinadas en la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, en Chenalhó, perpetrada por grupos paramilitares “entrenados y encubiertos por agentes policíacos y del Ejército”.
A ello se deben sumar otros hechos cometidos en varias entidades del país, como los casos de las indígenas tlapanecas, Inés Fernández y Valentina Rosendo, agredidas sexualmente en Guerrero por militares y que representó una sentencia contra el Estado mexicano de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La omisión en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; y la ejecución extrajudicial de 12 personas ocurrida en Tlatlaya, estado de México, tal como lo documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Estos, “son ejemplos claros de la participación de efectivos militares de la Sedena durante este periodo 2012-2018 que ha estado bajo el mando del general Salvador Cienfuegos Zepeda. Incluso nos parece aberrante que se premie a un militar cuya tarea primordial ha sido militarizar el territorio de los pueblos bajo la contradictoria premisa de procurar la paz social. Prueba de ello es que cuando estuvo como de la Séptima Región Militar, durante el periodo del ex gobernador Juan Sabines, Cienfuegos intensificó la presencia y patrullajes militares en la frontera con Guatemala y anunció la creación de dos nuevas bases militares en Chiapas, una en Jiquipilas y otra más en Chicomuselo.
La construcción de esta última comenzó el 9 de agosto de 2017, cuando el actual gobernador Manuel Velasco Coello firmó un convenio de colaboración con el general, ahora en su calidad de secretario de Defensa”.

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