Quién es Quién/¿FUERA LOS FUEROS?/Noé Farrera Morales

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Mucho se habla en esta época de elecciones sobre la supresión del fuero para todos los funcionarios del poder legislativo, el poder judicial y en algunos funcionarios del poder ejecutivo.
En la Cámara de diputados federal ha habido intentonas para suprimir ciertos fueros que son más bien privilegios, sobre todo del poder ejecutivo, empezando con el Presidente de la República y los altos funcionarios de poder ejecutivo federal. En el poder ejecutivo gozan de fuero los altos empleados, empezando de los directores generales, los subsecretarios, los secretarios, los coordinadores generales y sus respectivos secretarios particulares.
En el poder judicial gozan de fuero los jueces y los magistrados de todas las ramas del derecho, así como los integrantes de los tribunales de circuito y sus respectivos secretarios particulares.
En casi todos los órganos autónomos, los funcionarios de primer nivel gozan del fuero, como el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los respectivos visitadores incluyendo sus secretarios particulares.
En el poder legislativo gozan del fuero los diputados, los senadores y los jefes de la administración de la Cámara de diputados y la de senadores y también los altos funcionarios de ambas cámaras.
El fuero constitucional mexicano asevera que dicho estatus es necesario para evitar presiones innecesarias, chantajes y demás maneras de que de manera dudosa influyan en los ámbitos de competencia de los funcionarios.
Pero al mismo tiempo se ha abusado de ese fuero y los que funcionarios que delinquen lo toman como una “patente de corso”. Dicha patente de corso original era un permiso extendido, usualmente por los monarcas de Inglaterra, a capitanes de navíos piratas para que atacaran y robaran galeones españoles en los siglos XVI, XVII y XVIII, navegando y peleando bajo bandera inglesa, y entregando parte del botín al rey.
En vez de piratas, estos marinos pasaban a ser corsarios, y en caso de ser hechos prisioneros, se les debía tratar como marinos de la Marina Real, perdonando sus vidas, y no podían ser ejecutados sumariamente sin juicio como piratas.
Se infiere que en la actualidad “tener patente de corso” quiere decir tener permiso de una autoridad para cometer ilícitos con impunidad.
Con estos antecedentes que arriba anotamos, a decir de los abogados, se concibe al fuero como aquella prerrogativa de senadores y diputados -así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución- que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen: Parlamento, Congreso o Asamblea. El término es de uso coloquial o común y suele utilizarse como sinónimo de inmunidad parlamentaria.
El fuero o la inmunidad se entiende también como un privilegio conferido a determinados servidores públicos, para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado en los regímenes democráticos, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento.
En el caso de la responsabilidad civil de los legisladores no se requiere del procedimiento de declaración de procedencia, ya que en cuanto particulares, se les podrá demandar por la realización u omisión de actos o el incumplimiento de obligaciones señaladas en el Código Civil, los cuales siempre tienen una obligación reparadora o bien el otorgamiento de una indemnización.
Desde hace tiempo, el licenciado López Obrador ha opinado que debe lucharse contra la corrupción y la inmunidad, en abusos a los ciudadanos y el mal uso de los fondos destinados para mejorar la colectividad. El Peje ha dicho muchas veces que las escaleras siempre se barren de arriba para abajo.
Casi todos los elementos jurídicos están en el cuerpo de leyes mexicanas para comenzar a combatir la corrupción y la inmunidad. Por ejemplo, dice la Constitución Mexicana, que el Presidente de la República solo puede ser enjuiciado por: traición a la Patria y por delitos graves. Desafortunadamente las complicadas leyes mexicanas dejaron sin establecer la ley reglamentaria del Artículo Constitucional y las penalidades correspondientes. Así que si alguien o algunos quieren que se enjuicie al presidente de la república, simplemente no procede por la falta de ley reglamentaria y los castigos a lasa conductas ilícitas.
Hace pocos meses, ya en vísperas de las elecciones, unos diputados trataron de establecer la manera legal para castigar al presidente de la república, pero la iniciativa fue detenida por la mayoría priísta en la Cámara de diputados. Ahora que empiece sus funciones la nueva legislatura federal, esperemos que se remedie la omisión para el jefe del Ejecutivo.
Solo así, empezando a barrer desde arriba puede ser posible de contener la corrupción y la inmunidad que tiene abrumada a la sociedad mexicana.

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