¿Y LA FEPADE APÁ?

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Una serie de delitos electorales se viene cometiendo en Chiapas bajo la complacencia de la propia Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Para empezar, los actos anticipados de campaña de casi todos los candidatos a puestos de elección popular, desde diputaciones federales, senadurías y gubernatura. Todos, o todas, a diestra y siniestra han encontrado la manera de burlar la ley y pareciera que nada pasa.

Bardas, espectaculares, entrega de apoyos con recursos públicos, actos de proselitismo y coacción de las libertades ciudadanas, son sólo algunas de las irregularidades documentadas en el presente proceso electoral.

Tal parece que se nos ha hecho costumbre justificar la inoperancia de las instituciones, a pesar de que en su propio portal web, la Fepade asegura que busca posicionarse ante la ciudadanía a través de la difusión en medios de comunicación, acerca de las conductas delictivas que pueden ser cometidas por servidores públicos así como los mecanismos institucionales con los que cuenta esta fiscalía para recibir, atender, o bien canalizar quejas y denuncias.

Sin embargo, nada de esto se lleva a cabo, simple y sencillamente porque este organismo requiere de autonomía plena que no tiene, para que pueda trabajar sin tintes políticos y sin la coacción de los funcionarios en turno.

Para nadie es un secreto que la mayoría de los delitos electorales que ocurren hoy mismo en Chiapas, son promovidos y ejecutados por personas vinculadas al gobierno.

La mayoría de los programas sociales, federales y estatales, están siendo utilizados con fines electoreros. Esto lo saben bien las autoridades supuestamente encargadas de identificar y atender estos delitos, pero simple y llanamente, actúan bajo consigna. Nada se sabe de las denuncias interpuestas por los ciudadanos, porque ni siquiera se cumple con las normas de transparencia. Peor aún, se actúa con discrecionalidad y bajo políticas de persecución.

Bien valdría la pena saber de boca de la propia Fepade, qué sanciones se aplicarán en contra de los responsables de las delegaciones federales en la entidad, comenzando por el de Prospera, que está utilizando la base de beneficiarios para que rellenar los eventos del abanderado del PRI-Verde-Panal, Roberto Albores Gleason.

O algo también interesante, cómo están garantizando que los presidentes municipales no metan las manos en los procesos locales o desvíen recursos públicos para favorecer a tal o cual candidato. Cito un ejemplo: en el municipio de Ángel Albino Corzo, la alcaldesa con licencia, María del Carmen Fernández, no vacila en continuar manipulando a empleados y recursos del Ayuntamiento en su afán por la reelección.

Hace unas semanas, azuzó a un grupo de damnificados por el sismo de septiembre del año pasado, a realizar actos de protesta para exigir a las autoridades el cumplimiento de los apoyos que les fueron prometidos. Ella misma encabezó a la comitiva que se presentó en Palacio de Gobierno, para tratar el tema en una mesa de trabajo –más falsas que las chichis con cirugía- con funcionarios del gobierno del Manuel Velasco Coello.

Lo peor, es que existen evidencias claras que está utilizando a la misma policía municipal, para amedrentar a los seguidores de sus oponentes. A bordo de patrullas y con mensajes estilo las damas del narco, esta mujer pretende imponerse sobre la civilidad y el estado de derecho.

¿En dónde está la Fepade? Continuaremos…

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